Nativos hondureños protestaron ante la Corte Suprema

Honduras.- Una nutrida protesta integrada por cientos de pobladores originarios de Honduras, se produjo este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Tegucigalpa, a un año del asesinato de la activista medioambientalista Berta Cáceres.

Los nativos hondureños solicitaron la impugnación de la licencia ambiental otorgada por el Estado a una hidroeléctrica, de quien que las etnias sospechan que fue la responsable de la muerte de Cáceres.

Berta Cáceres fue asesinada la madrugada del 3 de marzo de 2016

A los gritos de “¡Berta vive, la lucha sigue!”, unos 600 manifestantes se congregaron en los alrededores del mayor tribunal de Honduras.

Las personas que participaron en la movilización eran en su mayoría miembros de las comunidades nativas. Fueron acompañados por organizaciones de obreros, sindicatos campesinos, fundaciones de mujeres y ONG’s de derechos humanos.

Tomás Gómez, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), aseguró que en nombre de este Consejo se introdujo un recurso ante la CSJ para impugnar la licencia concedida a la empresa.

El Ministerio de Ambiente otorgó la buena pro ambiental a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para levantar una planta hidroeléctrica en el río Gualcarque.

Piden justicia para Berta Cáceres

Según Gómez, “La licencia ambiental se concedió violando el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo”. Este Convenio establece que para poder realizar cualquier proyecto que afecte las condiciones de vida o los terrenos de las etnias nativas, es indispensable hacer una consulta libre e informada a los pobradores autóctonos.

Berta Cáceres fue asesinada la madrugada del 3 de marzo de 2016, por un grupo de pistoleros que entraron a su casa, ubicada en la comunidad occidental de La Esperanza.

Miriam Miranda, líder de los negros garífunas, indicó que es necesario que las autoridades sigan buscando a los autores intelectales del hecho, pues los materiales ya fueron capturados. Mientras esto no se haga efectivo las protestas continuarán. Ocho implicados en el caso se encuentran en manos de la Justicia hondureña.

Berta Cáceres ya había sido amenazada con anterioridad y tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que acusó a DESA de haberla amenazado por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico.

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