Prohíben a jueza venezolana ejercer su derecho en el TSJ

Venezuela.- El abogado José Amalio Graterol de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni este viernes no pudo mostrar su respaldo a la demanda presentada por Fiscal General de la República porque “no hay libre acceso.”

En Venezuela, el clima de inestabilidad se polariza cada vez tras el pronunciamiento de diversos organismos públicos y privados del país. Fue así que la Fiscal General de la República presentó esta semana una demanda en contra de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se aspira concretar en Venezuela para el próximo 30 de julio, con la cual se esperaría la aprobación de una nueva Constitución y con ella nuevas leyes y creación de otras instituciones, entre otras. Para los juristas, ese sería el fin de la República en el país.

La Constitución creada en 1999 fue la que contó con un grupo de importantes abogados, que se hicieron llamar constituyentistas, los cuales contribuyeron en la creación de un documento a la medida del gobierno que lleva 18 años en el país. Al parecer, esas normas ya no le son suficientes y la Constitución que un día defendieron con la vida no reúne los requisitos que esta nueva etapa de revolución busca.

Afiuni no pudo mostrar su respaldo a demanda presentada por Fiscal General de la República

Ante ese panorama nació la demanda interpuesta por la fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz, cuya solicitud deberá ser respaldada por todos los venezolanos a favor de la democracia, la libertad, los derechos humanos y la República.  La demanda busca “rechazar” la Constituyente porque cambiaría el texto constitucional, y para ello se requiere el apoyo de los ciudadanos.

Este viernes las vías que conducían a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) amanecieron custodiadas y cerradas por los cuerpos de seguridad como medida para evitar que los venezolanos ejercieran su derecho.

A la jueza Afiuni se le violó su derecho, así como al de los demás venezolanos. Su abogado, José Graterol, dijo que toda persona tiene el derecho de acceder libremente a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. “Los venezolanos, según el artículo 333 de la Constitución, tenemos la obligación de hacer cumplir la carta magna”.

 

 

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