Brasil-. El megaescándalo de corrupción que implica a gran parte de los políticos y la élite económica de Brasil ha provocado el auge de un sector de su renqueante economía: la venta de brazaletes electrónicos para controlar a los presos.
Empresarios adinerados o políticos implicados en la investigación Lava Jato suelen cumplir sus condenas en arresto domiciliario, bien por un pacto judicial para declarar o tras apelar sus condenas.
Esto hace que el empleo de los dispositivos de control sea mucho más habitual, y no solo en reos de alto perfil, sino que se hacen más presentes para los jueces, que los usan cada vez más en otros casos para aliviar la peligrosa sobrepoblación de los penales brasileños.
“Gracias a la investigación, ahora hay más jueces que conocen los brazaletes y los necesitan en sus decisiones”, comentó Marcelo Ribeiro de Almeida, director de Synergy, una compañía de Sao Paulo líder del sector. “Nuestro sobrecargado y poco confiable sistema penitenciario ha creado esta oportunidad de negocio”.
Desde su inicio en marzo de 2014, la pesquisa anticorrupción Lava Jato ha cobrado múltiples víctimas en la élite del poder brasileño. Altos ejecutivos de la estatal Petrobras y de empresas constructoras como Odebrecht formaron un cartel que decidía acerca de la concesión de contratos inflados y sobre qué políticos y funcionarios debían recibir coimas.
En el curso de una década, se pagaron más de 3.000 millones de dólares en mordidas, de acuerdo con las autoridades.
En los últimos tres años, el juez federal Sergio Moro, el principal al frente de la investigación, anunció el arresto domiciliario de casi 30 políticos importantes y líderes empresariales, a menudo después de alcanzar pactos que ayudaron a desmantelar la trama. El pequeño número de reos de alto perfil tuvo un efecto amplificado en todo el país.
Cuando empezó la investigación, menos de 10.000 presos estaban en arresto domiciliario en unos pocos de los estados más ricos de la nación, de acuerdo con las empresas que proporcionan las pulseras electrónicas.
En la actualidad hay más de 24.000 condenados que portan estos dispositivos en 22 de las 27 regiones. Se espera que la cifra supere las 12.000 personas en cinco años. Uno de los motivos es su costo; monitorear a un preso con un brazalete cuesta alrededor de 200 dólares mensuales, aproximadamente una cuarta parte de lo que supondría tenerlo tras las rejas.
source http://segundoenfoque.com/brasil-caso-lava-jato-impulso-venta-de-pulseras-electronicas-41-376979/
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