Uruguay.- El proyecto de legislación de Salud mental ya tiene media aprobación del Congreso Uruguayo, pero las cosas se complicaron ya que desde la ONU advirtieron sobre las connotaciones negativas que podría conllevar el texto.
El Alto Delegado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) remitió una carta a los asambleístas, en donde les alertó que “tres semblantes del proyecto conseguirían condicionar los adelantos que se están llevando a cabo”.
Según reseñó el portal de El Observador de Uruguay, por este y otros motivos o razones, la Comisión de Salud y Asistencia Social de Parlamentarios resolvió posponer la votación que se llevará a cabo el venidero día miércoles 14, según informó el congresista nacionalista Martín Lema.
La carta fue rubricada por Amerigo Incalcaterra, actor regional para América del Sur de Oacnudh. Allí sostuvo que el plan o propósito de estatuto “no consigue reunir perfectamente los estándares internacionales, pues estos instituyen la prohibición de manipular terminología despectiva en materia de salud mental”. Según el jerarca, el hecho de que en el proyecto se emplee la designación “trastorno mental” hace que se estigmatice a las personas que poseen discapacidades psíquicas.
A su vez, Incalcaterra puso ahínco en que el proyecto “no contempla interdisciplinariamente los distintos momentos del proceso de atención, conforme a lo determinado en estándares internacionales“. En ese sentido, aseveró que aquellos que soliciten atención no deben recoger solamente la opinión de psiquiatras, sino que deben participar asimismo profesionales de la Psicología y de las Ciencias Sociales en el proceso.
De este modo, el jerarca apreció que el propósito de estatuto instituye un órgano contralor de las prácticas y estrategias de atención en salud mental, pero debatió que se efectúe dentro del Ministerio de Salud Pública (MSP). Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las naciones “fundarán, a nivel nacional, un marco que reflejará uno o varios mecanismos autónomas” para controlar la aplicación de la Convención.
Por lo tanto, Incalcaterra manifestó que resulta necesario que el órgano supervisor “se forme bajo una organización independiente y franca del Poder Ejecutivo”. En último lugar, el jerarca además opinó en alusión a la internación impensada y el consentimiento informado. Incalcaterra afirmó que “la internación inconsciente ha sido tomada como privación improcedente de la libertad“, por lo que la República de Uruguay debería “tomar todas las estrategias para advertir y corregir las detenciones injustas”.
source http://segundoenfoque.com/onu-critico-legislacion-de-salud-mental-uruguaya-08-356167/
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