Negaron traductores para nativos

México.- En el desarrollo de procesos penales, fueron negados los traductores para los nativos provenientes de la localidad de Oaxaca en México.

Se conoció que durante este tipo de procesos, los nativos son obligados a hablar el español, un idioma distinto a su lengua; el presupuesto es el principal argumento de las instituciones para no garantizar el derecho de acceso a la justicia de los originarios, porque no se les garantizan traductores en los procesos judiciales que se siguen en su contra.

Específicamente en la localidad de Oaxaca, son requeridos al menos 15 millones de pesos anuales para cubrir las necesidades de interpretación en el ámbito de la justicia, precisó Edith Matías Juan, integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).

Especialistas en este tema puntualizaron que, según el tabulador de la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Indígenas (CDI), la contratación de algún tipo de intérprete para una audiencia cuesta 1 mil 100 pesos más viáticos como traslado, alimentos y hospedaje que requiera.

Se estima que en promedio un juicio contra una persona originaria desde que inicia hasta que termina, por el número de audiencias que llega a tener, se gastaría en términos de interpretación al menos 40 mil pesos.

Si todo esto se multiplica por el número de requerimientos se necesitan algo así como 15 millones de pesos para cubrir las necesidades de interpretación en el ámbito de la justicia.

Según informó la Comisión de Derechos Indígenas, hasta octubre del año 2016, en México más de 7.500 nativos se encuentran privados de su libertad por la comisión de diversos delitos, pero la mayoría están presos tras enfrentar procesos irregulares en los que no se respetó su lengua.

Las localidades que concentran el mayor número de población nativa en el sistema penitenciario son: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua y Guerrero. Los idiomas con los que se equiparan son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil.

Por su parte la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas detalla claramente este derecho al señalar que “es derecho de todos los mexicanos comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y cualesquiera otras”.

 

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