Disputas en el Congreso peruano por Caso Lava Jato

Lima.- Tras la revelación del Departamento de Justicia de EEUU sobre que directivos de la empresa brasilera Odebrecht sobornaron con 29 millones de dólares a funcionarios peruanos, con el fin de ganar licitaciones públicas para obras entre los años 2005 y 2014, que involucra a las gestiones de los tres expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, en el terreno político se han destapado disputas por la conformación de la Comisión Lava Jato en el Congreso peruano.

Como se recuerda, el año pasado, Brasil fue testigo del destape de corrupción más grande de su historia cuando se descubrió que un grupo de directivos de grandes empresas se repartían un porcentaje de cada obra de Petrobras –la petrolera estatal del Gobierno– con políticos y funcionarios poderosos. En ese entonces, se preveía que hubo sobornos y transferencias ilegales ascendentes a US$4.000 millones, que involucraban a los gobiernos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y de la entonces mandataria Dilma Rousseff.

La conexión con Perú vendría tras el destape que José Dirceu, brazo derecho de Lula y encarcelado por un colaborado eficaz de ser parte de la red de sobornos para el reparto de obras de Petrobras, habría llegado al país durante el gobierno de Alan García (2006-2011) con el fin de ganar contratos para Galvao Engenharia y Engevix, firmas a las que asesoraba. Además, que estuvo acompañado por Zaida Sisson, esposa de Rodolfo Beltrán Bravo, ex ministro de la Presidencia en 1989, en la primera gestión del Apra.

Pero, en el tiempo, también se descubrió que Sisson había tenido contactos con el entonces gobierno de Ollanta Humala. Tras esta revelación, en el Congreso peruano se dispuso la apertura de la Comisión Lava Jato para investigar los negocios brasileños no solo en la gestión de García sino en la de Humala y Toledo.

En ese entonces,  el grupo estaba conformado por los congresistas Jesús Hurtado y Karina Beteta (Fuerza Popular); Gana Perú por Daniel Abugattás y Josué Gutiérrez; Dignidad y Democracia por Juan Pari; Carmen Omonte por Perú Posible; y Concertación Parlamentaria por Mauricio Mulder. Finalmente, el parlamentario Pari presidió la comisión, donde –paradójicamente- había integrantes de los gobiernos que iban a ser investigados. Este último detalle (los representantes de los gobiernos involucrados)  fue motivo para que las pesquisas sean bloqueadas para llegar a la verdad sobre las presuntas responsabilidades penales en las gestiones de Toledo, García y Humala.

Y eso se vio cuando el informe final de la Comisión Lava Jato fue boicoteado por los parlamentarios de Perú Posible, Apra y Gana Perú, quienes se aliaron para no respaldar las conclusiones finales a las que llegaba el grupo presidido por Pari, quien no pudo reunir las firmas necesarias para que se pueda debatir  las irregularidades que se encontraron sobre los negocios de las empresas brasileñas en el Perú. Ya con el tiempo agotado, el informe de la Comisión Pari fue a parar al archivo sin que se haya tomado en cuenta sobre las investigaciones que se tuvieron por cerca de seis meses.

Aunque, el 24 de noviembre, el Congreso aprobó que se reactive la Comisión Lava Jato para se siga investigando los sobornos a funcionarios peruanos por parte de las empresas brasileñas. En ese entonces,  Karina Beteta y Víctor Albrecht, de Fuerza Popular; Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular; Jorge Castro, del Frente Amplio; Gino Costa, de Peruanos por el Kambio; Mauricio Mulder, del Partido Aprista; y Marisol Espinoza, de Alianza para el Progreso, quienes deberán investigar por 180 días –nuevamente- el caso. Sin embargo, casi un mes después, llegó la revelación del Departamento de Justicia de EE UU sobre las confesiones de los directivos de Odebrecht sobre sus coimas por 29 millones de dólares entre el 2005 y 2014 a funcionarios estatales de Perú para obtener obras;lo que reforzó las presuntas irregularidades que se habrían dado en los gobiernos de los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Lo que vino después de esta revelación fue las reacciones en el Parlamento peruano, donde se pudo observar la defensa cerrada del parlamentario Mauricio Mulder, integrante de la Comisión Lava Jato, a favor de Alan García. “Yo pondría las manos al fuego por García”, hizo esta declaración que ha ensombrecido la instalación de este grupo de investigación, pues los algunos integrantes le han acusado de adelantar opinión a favor del ex presidente aprista. ” No se puede ser juez y parte en una pesquisa como lo es Lava Jato, el señor Mulder debe renunciar”, dijo García Belaunde -representante de Acción Popular. Pero, esta invocación no prospero pues el congresista del Apra sostuvo que no iba a renunciar ya que le tienen ‘miedo’ a lo que pueda encontrar y , además, agregó que sí le piden que se vaya de la comisión, también se le debe pedir a los congresistas Gino Costa (ex ministro de Justicia en el gobierno de Toledo) y Marisol Espinoza (ex vicepresidenta de Humala). 

A pesar de estos hechos, la sesión de instalación de la Comisión Lava Jato se realizará el próximo 4 de enero. En la semana, se le requerido al Legislativo peruano que haga una investigación seria sin un trasfondo político, que pueda perjudicar a unos y encubrir a otros, y que contribuya a las pesquisas que, desde noviembre, el Ministerio Público realiza para llegar a sancionar a los funcionarios peruanos que recibieron coimas para ceder licitaciones públicas a empresas brasileñas como Odebrecht, OAS, Camargo y Correa entre otros.

Datos:

• La Comisión Lava Jato se reunirá con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para coordinar las investigaciones paralelas que se realizaran en el fuero legislativo y judicial.
• El fiscal Hamilton Castro, titular de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, tiene a su cargo tres indagaciones sobre el caso Lava Jato.

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