Empresarios piden reglamentar consultas a los pueblos originarios de Guatemala

Guatemala.- Los empresarios guatemaltecos exigieron que se reglamente de forma pronta las consultas a pueblos indígenas sobre los proyectos hidroeléctricos, para así no arriesgar las grandes inversiones extranjeras que se realizan en el país.

A través de una rueda de prensa realizada el pasado  jueves, el presidente del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González, manifestó que por veinte (20) años el estado ha violado el establecimiento del reglamento de las consultas a los pueblos originarios que se encuentra en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Debido a este incumplimiento de parte del gobierno, las cortes se encuentran ordenando consultas retroactivas con lo que se “atenta contra los derechos constitucionales de libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad privada“, así destacó el empresario.

Del mismo modo González criticó cualquier acto de violencia contra los proyectos que beneficien al país, a su vez reconoció en ausencia de una legislación de consultar previas sobre proyectos hidroeléctricos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), ha realizado “importantes y valiosos esfuerzos” para validar procesos que cumplan con los requisitos del Convenio 169 de la OIT.

Por tal razón el  CACIF, demandó que el estado aplique el “reglamente en una forma pronta, adecuada y positiva las consultas y que se establezcan y respeten los mecanismos de homologación para los casos en los que hubo diálogo con las comunidades”.

Asimismo, la cúpula empresarial expresó la necesidad que existe de reconocer los derechos e inversiones realizadas las cuales se encuentran bajo la ley y las normativas actuales que establece la nación.

En su defensa los empresarios expresaron que estas acciones otorgan beneficios, pero las trabas presentadas generan pérdidas. Y explicó, que por cada 100 megavatios de capacidad instalada de energía renovable que sale de operación se pierden 65.000 empleos directos e indirectos. Además el Estado dejó de percibir 780 millones de quetzales (103,58 millones de dólares), la economía se reduce en 1 por ciento, se incrementa el precio de la tarifa eléctrica y aumenta la contaminación ambiental.

Los empresarios entendieron la posición de los pueblos originarios, pero expresaron que las violentas he inapropiadas acciones no son adecuadas, debido a que todas los hechos  realizados por las compañías se encuentras en toda disposición legal, por tal razón demandan a la nación y exigen la eficaz y porta consulta a los pueblos indígenas.

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