Investigan “encubrimiento” del Estado Argentino en caso Maldonado

Argentina.- El fiscal Delgado pidió que se lleve a cabo una investigación para corroborar un posible encubrimiento del Estado, por la desaparición de Santiago Maldonado.

El fiscal federal, Federico Delgado, solicitó ayer al Gobierno nacional un informe de cada una de las actividades que desplegó el Estado para dar con el paradero de Santiago Maldonado. La presentación del fiscal ante el juez Rodolfo Canicoba Corral plantea las primeras medidas de prueba para analizar si hubo un posible encubrimiento por parte del Estado, de la desaparición del joven, o incluso, si hubo un “pacto de silencio” de las autoridades nacionales y fuerza de seguridad.

Fiscal federal Federico Delgado

La causa se inició con la denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay, que señalaron que desde el 1 de agosto, fecha en la que desapareció Maldonado, las autoridades nacionales no han aportado al esclarecimiento para su investigación. Los denunciantes apuntaron contra el presidente Mauricio Macri y funcionarios como Patricia Bullrich, German Garavano y Claudio Avruj por el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y abuso de autoridad.

En un principio, el fiscal Delgado promovió la investigación luego de 35 días de la desaparición de Santiago, pero para ese entonces ya habían circulado distintas noticias y pistas sobre el caso, que desligaban a Gendarmería de toda responsabilidad.

Por estas razones, uno de los elementos a analizar es el expediente completo sobre la desaparición de Maldonado, y  el informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que precisa cada una de las actividades que desarrolló el Estado para encontrarlo.

Para Delgado, se requiere la reconstrucción de los funcionarios que estuvieron presentes en la zona donde se llevó a cabo el operativo contra la comunidad Pu Lof de Cushamen. A su  vez, pidió que se aporten los números de teléfono que utilizó la ministra de Seguridad Bullrich y funcionarios, y además todos los audios y archivos de los celulares de los agentes de Gendarmería.

De esta manera, se exigió precisamente los teléfonos que utilizaron Bullrich y funcionarios del Ministerio de Seguridad, como Pablo Noceti, Gerardo Milman, Gonzalo Cané y Daniel Barberis, al igual que al juez Otranto, la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, y todas las autoridades y agentes locales de Gendarmería.

“Se trata de dilucidar qué hicieron o dejaron de hacer las autoridades públicas, tras lo cual corresponderá analizar si sus acciones u omisiones constituyen algún delito penal”, señaló Delgado.

Mientras la Cámara Federal porteña define si la causa seguirá en Comodoro Py o debe remitirse el expediente a Esquel, el fiscal declaró que la investigación debe seguir en curso.

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