Pidieron revocar el arresto domiciliario de Milagro Sala

Argentina.- Dos legisladores de la provincia argentina de Salta solicitaron ante las autoridades que se revoque la detención domiciliaria de la dirigente y activista Milagro Sala.

Los parlamentarios, pertenecientes al partido Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo y  Carlos Zapata, aseguraron que Sala dirige desde su casa de habitación organizaciones que realizan actos violentos.

“Sin autoridad que aplique la ley vamos hacia el caos ya que estas organizaciones violentas bancadas por el narcotráfico socaven el Estado”, aseveraron Olmedo y Zapata.

Sala es una amenaza para “la sociedad jujeña y del resto del país”, indicaron los legisladores

A juicio de ambos, la detenida incumplió las condiciones que impone el régimen penitenciario y además es una amenaza para “la sociedad jujeña y del resto del país”.

“Salta Somos Todos es el único espacio político que se expresa fuertemente en este sentido. Tememos por la paz social. Milagro Sala debe estar presa y trabajando” pues  a juicio de los solicitantes “aterroriza el pueblo de Jujuy y a la Argentina”.

Olmedo agregó que la organización “Tupac Amaru”, que es liderada por Sala, es una amenaza constante por sus actividades sediciosas y que la prisión domiciliaria de la que goza Sala  la matiene en cercanía “con los integrantes de dicho grupo”.

Los parlamentaros advirtieron sobre esta situación y agregaron que “queremos que caiga todo el peso de la ley” sobre Sala y para ello debe estar presa en un reclusorio y no en su casa.

Olmedo y Zapata introdujeron un documento ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, solicitando la remisión del caso a Jujuy, específicamente al Tribunal Criminal Federal de San Salvador.

En el escrito pidieron igualmente que Sala sea imputada por otros delitos contemplados en el Código Penal, como intimidación pública, rebelión, instigación y sedición.

También destacó el documento que Tupac “es una organización si no es terrorista, al menos es sediciosa y la justicia debe considerar la situación de riesgo en que se encuentra la sociedad al permitir la prisión domiciliaria y la cercanía de ella con los integrantes de dicho grupo”.

Los parlamentarios también explicaron que el arresto en la vivienda de la activista le cuesta a la provincia más de 3 millones de pesos.

 

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